Elisa Díaz advierte de que la ocupación ilegal en la Comunitat se duplica en tres años y alcanza las 700 viviendas

Elisa Díaz advierte de que la ocupación ilegal en la Comunitat se duplica en tres años y alcanza las 700 viviendas

La portavoz de Territorio y Medio AMbiante del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elis Díaz, ha advertido este jueves del fracaso de las políticas de vivienda del Consell que no solo no frenan los desahucios sino que disparan la ocupación ilegal. “La ocupación de viviendas del parque público se ha duplicado en tres años ya que actualmente hay unas 700 viviendas ocupadas ilegalmente en toda la Comunitat Valenciana, la mayoría de ellas en la provincia de Alicante”.

Cuando Puig llegó al Gobierno prometió que rehabilitaría 500 viviendas del parque público y 1.000 viviendas en alquileres sociales y la realidad es que “han incumplido las dos promesas”.

La portavoz ha señalado que han dedicado un año y medio a una ley que desde el PP “ya advertimos que no aplicarían porque no tenía presupuesto y era contraria a la Constitución”. Para lo único que ha servido la ley es para solicitar las ayudas que han estado viniendo del anterior Gobierno del PP, aunque para eso no era necesaria, y para crear un registro de solicitud de vivienda social con lo que hay una duplicidad de listados de solicitudes”.

Así, ha señalado que anunciaron esta Ley como la solución a los desahucios en la Comunitat y sin embargo los desahucios disminuyen en todas las CC.AA por las leyes que aprobó el PP, y mientras en la valenciana “no dejamos de ser los subcampeones en este tema”.

Todos los desahucios que se han paralizado han sido gracias al PP y a la ley estatal aprobada porque “la ley valenciana no paraliza desahucios”. Tanto es así que en 2017, más de 8.200 familias se quedaron sin vivienda ante la inacción del Consell que solo dio una “solución habitacional” a 60 familias gracias, en la mayoría de los casos (60%), no a la consellera sino a los ayuntamientos.

La portavoz de Vivienda ha tildado de “lamentable” que la conselleria, según nos informaron, decidiera no adherirse a un programa de ayuda para personas en riesgo de sufrir un desahucio o un lanzamiento de manera que dedica los fondos a otros programas, “dejando en la estacada a las personas más vulnerables a las que se suponía que este Consell venía a rescatar”.

Elisa Díaz ha señalado que las políticas de vivienda del Consell viven de la herencia del último Gobierno nacional del PP ya que las que la consellera ha podido hacer “han sido gracias a los sucesivos planes estatales de vivienda aprobados por el PP”.

Así, ha señalado que la política de vivienda del Consell del Botànic “se resume en una Ley con artículos inconstitucionales y la pasividad ante los desahucios”. La diputada ha advertido de que el fallo del Tribunal Constitucional ha provocado una “guerra fraticida” entre Podemos y el PSOE al que acusa de “haber llegado tarde para retirar un recurso a sabiendas de que el resultado de ese recurso es declarar nulos algunos preceptos de la ley Frankenstein por contradecir la Constitución española”.

El GPP señala que el nuevo brote de xylella “muestra la ineficacia de las medidas adoptadas por Agricultura”

El GPP señala que el nuevo brote de xylella “muestra la ineficacia de las medidas adoptadas por Agricultura”

El portavoz de agricultura del Grupo Popular, José Ramón Calpe, ha señalado que la aparición de un octavo brote de xylella “es una noticia nefasta que demuestra la ineficacia de las medidas adoptadas hasta la fecha por Agricultura para frenar la plaga”. Calpe ha señalado que “es hora de que Cebrián reaccione y asuma sus responsabilidades, máxime cuando estamos viendo que el cambio de Gobierno en Madrid no ha supuesto ningún cambio en esta cuestión. Cebrián puede y debe seguir quejándose, tras la última interterritorial, de que el Ministerio  no aumenta sus transferencias, pero mientras tanto, ha de ejercer sus competencias y tomar medidas”.

   El portavoz popular ha indicado que “es necesario más personal investigador sin ninguna demora. Está habilitado para contratarlo y pedimos que lo haga ya para mejorar la sanidad vegetal. Además, debe aplicarse al pago inmediato de las indemnizaciones sin someter a los agricultores afectados, que ya sufren demasiada carga con la pérdida de sus cultivos, a los complejos sistemas burocráticos que la Conselleria ha establecido para solicitar y pagar las ayudas”.

   José Ramón Calpe ha lamentado que “la política de la Conselleria se limite a declarar brotes. Hay que hacer un esfuerzo mayor en la explicación de la etiología de la plaga, en su prevención y tratamientos y en alternativas para los afectados y ésa debe ser una prioridad del Consell de Puig, aunque sea incapaz de impulsar el cambio de modelo de financiación y aunque el Gobierno de Sánchez no ponga un solo euro más de los que ponía el de Rajoy”.

 

Comparecencia de Cebrián en la diputación permanente de Les Corts

Por su parte, el diputado alicantino Juan de Dios Navarro, ha señalado que “desde el GPP hemos pedido la comparecencia urgente de la consellera Elena Cebrián en Les Corts. Es absolutamente urgente teniendo en cuenta la decepción de la última interterritorial en la que el gobierno de Sánchez ha se ha desentendido del problema ninguneando a Puig. Habíamos solicitado su comparecencia que aún seguimos esperando, pero ahora debe dar explicaciones ante la Diputación permanente dada la gravedad de la situación. La dejadez de Cebrián para dar la cara demuestra el escaso interés por un tema muy preocupante ante el que los agricultores de las comarcas afectadas se sienten abandonados”.

   Para Juan de Dios Navarro “la noticia del nuevo brote, el octavo, es muy preocupante porque se ha extendido más allá del almendro, afectando también a árboles y arbustos. La situación en el campo alicantino es caótica por culpa de la ineficacia de este Consell y su falta de iniciativa, dejando yermas grandes superficies de las comarcas de Las marinas y el Comtat”.

   Por último, Juan de Dios Navarro ha indicado que “estamos muy preocupados porque, lejos de solucionar el problema, se agrava. Las medidas de erradicación se están demostrando insuficientes, de espaldas al sector, y arrasando parcelas sin tratamientos claros ni efectivos. Venimos advirtiendo hace tiempo que sin la colaboración de los agricultores y su trabajo en el campo es imposible atajar la enfermedad y evitar que vaya a más, pero siguen sin hacer caso”.

El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos en defensa del Trasvase

El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos en defensa del Trasvase

El Partido Popular Provincia de Alicante presentará una moción en todos los ayuntamientos en defensa del Trasvase Tajo-Segura como “una infraestructura estratégica e imprescindible para el presente y futuro de la provincia de Alicante” y para rechazar “cualquier intento de eliminación o minoración”. En el texto, que se debatirá en los 141 municipios de la provincia, se insta a los gobiernos de España y de la Generalitat Valenciana “a defender el trasvase en su configuración actual” según las normas de explotación acordadas en el Memorándum ratificado entre la Administración central y la Comunitat Valenciana “por cuanto aportan estabilidad y seguridad jurídica al trasvase”.

         Los populares responden de esta manera al documento “en defensa del agua en la región” presentado por el consejero socialista de Agricultura de Castilla-La Mancha en el que propugna que “no se destine ni una sola gota de agua para regadío en el Levante” y para abastecimiento sólo “cuando haya necesidades imperiosas de consumo humano en la cuenca receptora y siempre poniendo por delante los intereses de la cuenca ceden”.

         “No nos vamos a quedar quietos mientras vemos cómo acaban uno de los pilares de nuestro presente y futuro”, manifiesta el coordinador general de los populares alicantinos, Rafael Candela. Los populares reclaman al resto de fuerzas políticas de la provincia de Alicante a “unirse en un mismo frente en defensa del Trasvase Tajo-Segura contra quienes quieren eliminarlo”.

         Candela entiende que “es un documento que todos los grupos políticos pueden adherirse”. Recuerda que “esta moción sigue el espíritu del Pacto Provincial del Agua aprobado el pasado mes de abril por PP, PSPV y Compromís junto con los representantes de las principales entidades de usuarios y regantes de la provincia de Alicante”. El dirigente popular entiende que esta moción “es una demostración más de que los representantes públicos de los alicantinos estamos siempre con nuestros regantes” y pide que “nadie se quede fuera por motivos políticos”.

         La moción rechaza cualquier tipo de disputa entre regiones: “Entre todos debemos erradicar la confrontación entre personas y territorios en el tema hídrico”, indica la moción, para lo que apuesta por “una nueva gestión, planificación y gobernanza del agua donde se evite el enfrentamiento” para crear procesos que “puedan aportar beneficios mutuos”.              

            “La provincia de Alicante no puede substituir tal y como la conocemos hoy en día sin los aportes del Tajo-Segura”, manifiesta Candela, “por lo que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para protegerlo”. Recuerda que los caudales procedentes del trasvase nutren a más del 60% de los regadíos de nuestra provincia y permiten “mantener una agricultura muy competitiva y de alta tradición exportadora, con una incidencia muy positiva en la creación de empleo y generación de riqueza” y su derogación supondría “gravísimos prejuicios económicos, así como un retroceso de nuestra provincia”. Además, continúa la moción, “de esta infraestructura se nutren a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla 35 municipios de la provincia de Alicante”, entre ellos de los mayor población como Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, San Vicente, Crevillente o Santa Pola.

            El documento rechaza el borrador impulsado por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha porque “olvida que el agua no es de las Comunidades Autónomas por donde pasa, sino que es un bien colectivo, propiedad de la nación española y cuya gestión y tutela corresponde al Estado”.

            Candela llama a la “unidad de acción de toda la provincia de Alicante en defensa del Tajo-Segura para que estos ataques a nuestro futuro no se vuelvan a repetir”.

El PP exige al Gobierno el riego de socorro al Vinalopó para salvar la uva de mesa

El Partido Popular Provincia de Alicante exige al nuevo Ministerio de Transición Ecológica que “desbloquee de manera urgente” el envío de 6,5 hectómetros cúbicos a través del trasvase Júcar-Vinalopó para salvar la uva de mesa en la comarca. “Cientos de familias dependen de que llegue esta agua y el Gobierno no puede abandonarlos”, reclama el coordinador popular en el Medio Vinalopó, Lorenzo Lorenzo.

“Exigimos al PSOE y al resto de fuerzas políticas que se unan a los regantes y usuarios en un frente único para que la Administración permita que llegue este trasvase”, solicita Lorenzo. Critica que “la primera decisión que ha tenido a mano el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en materia hídrica sea parar un trasvase imprescindible para nuestra provincia”.

El coordinador popular asegura que “el caso del Vinalopó es urgente e imprescindible este riego de socorro para salvar la uva de mesa, porque si no hay agua no hay cosecha y se perderán miles de euros y cientos de empleos”. Por ello, “es necesario desbloquear cuanto antes el envío de estos caudales si el Gobierno socialista no quiere que el Vinalopó se vaya a la ruina”.

Lorenzo explica que “el Gobierno del PP tenía casi cerrado el convenio de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó, pero la moción de censura de Pedro Sánchez con independentistas y los amigos de los terroristas impidió que pudiera seguir adelante”. Ahora, lamenta, “se corrobora la tesis de la nueva ministra socialista de que los trasvases sean algo extraordinario”.

Los populares piden al Consell “responsabilidad” con los regantes del Vinalopó y que “hagan todo lo que esté en su mano delante de sus compañeros socialistas para que lleguen estos 6,5 hectómetros cúbicos”. Al respecto, pide al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que “pida a Pedro Sánchez un gesto con la provincia” durante la reunión que ambos mantendrán el viernes en Castellón. “No podemos esperar ni un día más para tener esta agua porque las vides se secan”, urge Lorenzo.

El PPCV presentará mociones en todos los ayuntamientos para instar a la conselleria de Sanidad a frenar “el disparate” de acudir a las urgencias en taxi

El PPCV presentará mociones en todos los ayuntamientos para instar a la conselleria de Sanidad a frenar “el disparate” de acudir a las urgencias en taxi

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha tildado de “disparate” que la conselleria de Sanidad prohíba “de forma expresa” el uso del trasporte sanitario por parte de facultativos sanitarios del servicio de urgencias tal y como se recoge en el pliego de transporte aprobado por la consellería lo que provocará que muchos profesionales acudirán a atender las urgencias en taxi.

   Así lo ha denunciado hoy el Coordinador de Política Social del GPP, José Juan Zaplana, quien ha anunciado que el PP va a presentar una iniciativa y una moción en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para instar a la conselleria a que “frene” esta situación y “tome una decisión lo más pronto posible para que el servicio de atención de urgencias no se vea mermada por la entrada en vigor de un pliego que prohíbe a los profesionales ir en transporte sanitario en los servicios de urgencias”.  

   Zaplana ha recordado que este pliego de condiciones del transporte en ambulancias “sospechosamente” entrará en vigor el 1 de agosto y supondrá un coste de 225 millones, lo que representa un recorte de 25 millones respecto al contrato anterior. Todo esto se traducirá en “demoras considerables en los tiempos de espera, producirá colapsos en la atención sanitaria y reducirá los tiempos dedicado a los pacientes”.

    Así, ha denunciado que la propia conselleria delega en cada departamento de salud la solución para transportar a los profesionales sanitarios al punto en el que se ha producido la urgencia, y algunos “han decidido que se va a realizar en taxi, lo que incumple la ley del sector público, no resuelve el problema porque hay municipios que no tienen este servicio, no puede llevar materia adecuado como oxígenos, medicamente biopeligrosos o muestras”.

   Otros departamentos de salud ponen al servicio del facultativo un vehículo de Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) “algo que no sirve para los temas de urgencia porque tienen que llegar a la urgencia conduciendo su vehículo y buscar aparcamiento, dilatando así el servicio”.

   “Esto es un problema porque ante una urgencia los profesionales sanitarios tienen que actuar con la mayor brevedad posible y volver al punto de atención sanitaria lo más rápido posible”, ha señalado.

   Para parar este “despropósito” el PPCV presentará una PNL en Les Corts e iniciativas en todos los ayuntamientos para instar a la conselleria a presentar en el menor plazo posible un Plan que dé una solución adecuada, consensuada y urgente a esta nueva situación. Además, solicita que se modifique esta decisión por las “desastrosas consecuencias” que puede tener en la calidad de la prestación sanitaria y se dé traslado a los profesionales para la realización de avisos domiciliarios urgentes durante el horario de Atención Continuada.

   En esta línea, propone que se comunique por escrito a todos los Puntos de Atención Continuada Urgente un nuevo Protocolo de Actuación en el que se debe de indicar como se deberán de hacer los avisos domiciliarios urgentes no demorables y demorables a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo pliego.

   Cuando un ciudadano necesita atención urgente fuera del horario de atención de su centro de salud o en un día festivo, puede acudir a los Puntos de Atención Continuada Urgente de carácter no Hospitalario. Son centros donde se le atenderá en caso de una urgencia no vital fuera del horario laboral de los centros de salud.

    El equipo de profesionales está formado por médicos de familia, personal de enfermería y administrativos que oferta atención a enfermos agudos y crónicos según sus necesidades de salud, fuera del horario de su centro de salud. La Comunidad Valenciana tiene actualmente operativos 182 Puntos de Atención Continuada.

   Esto originará “un gran problema” al personal sanitario al tener que desplazarse debido a la amplia dispersión geográfica y a la dificultad de movilidad en los núcleos urbanos que conllevará una dificultad importante para llegar a los domicilios de los pacientes con rapidez y seguridad, lo que “causará un déficit en la atención sanitaria a los ciudadanos de nuestra población”.

     Esto, además, provocará “el aumento considerable de ausencia de los profesionales en el punto de Atención Continua que no permite optimizar los recursos humanos del Centro, que producirá demoras considerables en los tiempos de espera, que producirá colapsos en la atención sanitaria y que reducirá los tiempos dedicados a la atención a los pacientes”.

El PPCV considera “inaceptable” el borrador del Tajo presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha

El PPCV considera “inaceptable” el borrador del Tajo presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) considera “inaceptable” el documento en defensa del agua que ha dado a conocer este lunes el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha y que reclama no enviar “ni una gota de agua para regadío” a Levante. El coordinador del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts Valencianes, José Císcar, exige al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “una defensa firme, cerrada y sin contemplaciones” del Trasvase Tajo-Segura y de las normas del Memorándum “que le aportan estabilidad y seguridad” a la transferencia de caudales. De ser así, añade Císcar, “tendrá todo el apoyo del Partido Popular de la Comunitat Valenciana”.

“No nos valen defensas tibias procurando no molestar porque con las cosas de comer no se juega”, recuerda Císcar. Del Tajo-Segura beben 35 municipios de la provincia de Alicante, incluidos los más importantes en población, y se riegan más del 61% de la superficie de de regadío total de la provincia. 

El PPCV entiende que “el agua es patrimonio de todos los españoles y, como tal, debe ser gestionado por el Estado bajo criterios de equidad y solidaridad”. Los populares “no vamos a consentir que España se desglose en reinos de taifas hídricos, donde cada presidente de Comunidad diga lo que se tiene que hacer con el agua que discurre por cada uno de sus territorios”, asegura Císcar.

El dirigente popular lamenta que “cada vez que gobierna el PSOE en Castilla-La Mancha y en el Gobierno central se suceden los intentos de acabar con el Trasvase”. Recuerda el Estatuto de Castilla-La Mancha en 2008, que incluía la supresión del Tajo-Segura para el año 2015 y que “fue rechazado en el Congreso de los Diputados con los votos del Partido Popular”.

Dos años después, se volvió a intentar con la aprobación del Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico del Tajo, donde se establecían unos caudales ecológicos a su paso por Aranjuez y Toledo-Talavera que “suponían la muerte de facto del Trasvase”. Císcar rememora cómo “esos caudales fueron rechazados felizmente con la aprobación definitiva que el Partido Popular hizo del Plan Hidrológico del Tajo en el año 2014”.

Císcar considera que “la llegada al poder de Pedro Sánchez ha traído un tercer intento de eliminar el Trasvase”. El popular pone como “dique de contención”  las normas del Memorándum de entendimiento suscrito en 2013 entre la Administración central, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana. “Estas normas garantizan los requerimientos ambientales del río y la prioridad de los usos de la cuenca cedente”, explica Císcar, “con lo que los derechos de Castilla-La Mancha también están garantizados”.