El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha tildado de “disparate” que la conselleria de Sanidad prohíba “de forma expresa” el uso del trasporte sanitario por parte de facultativos sanitarios del servicio de urgencias tal y como se recoge en el pliego de transporte aprobado por la consellería lo que provocará que muchos profesionales acudirán a atender las urgencias en taxi.

   Así lo ha denunciado hoy el Coordinador de Política Social del GPP, José Juan Zaplana, quien ha anunciado que el PP va a presentar una iniciativa y una moción en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para instar a la conselleria a que “frene” esta situación y “tome una decisión lo más pronto posible para que el servicio de atención de urgencias no se vea mermada por la entrada en vigor de un pliego que prohíbe a los profesionales ir en transporte sanitario en los servicios de urgencias”.  

   Zaplana ha recordado que este pliego de condiciones del transporte en ambulancias “sospechosamente” entrará en vigor el 1 de agosto y supondrá un coste de 225 millones, lo que representa un recorte de 25 millones respecto al contrato anterior. Todo esto se traducirá en “demoras considerables en los tiempos de espera, producirá colapsos en la atención sanitaria y reducirá los tiempos dedicado a los pacientes”.

    Así, ha denunciado que la propia conselleria delega en cada departamento de salud la solución para transportar a los profesionales sanitarios al punto en el que se ha producido la urgencia, y algunos “han decidido que se va a realizar en taxi, lo que incumple la ley del sector público, no resuelve el problema porque hay municipios que no tienen este servicio, no puede llevar materia adecuado como oxígenos, medicamente biopeligrosos o muestras”.

   Otros departamentos de salud ponen al servicio del facultativo un vehículo de Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) “algo que no sirve para los temas de urgencia porque tienen que llegar a la urgencia conduciendo su vehículo y buscar aparcamiento, dilatando así el servicio”.

   “Esto es un problema porque ante una urgencia los profesionales sanitarios tienen que actuar con la mayor brevedad posible y volver al punto de atención sanitaria lo más rápido posible”, ha señalado.

   Para parar este “despropósito” el PPCV presentará una PNL en Les Corts e iniciativas en todos los ayuntamientos para instar a la conselleria a presentar en el menor plazo posible un Plan que dé una solución adecuada, consensuada y urgente a esta nueva situación. Además, solicita que se modifique esta decisión por las “desastrosas consecuencias” que puede tener en la calidad de la prestación sanitaria y se dé traslado a los profesionales para la realización de avisos domiciliarios urgentes durante el horario de Atención Continuada.

   En esta línea, propone que se comunique por escrito a todos los Puntos de Atención Continuada Urgente un nuevo Protocolo de Actuación en el que se debe de indicar como se deberán de hacer los avisos domiciliarios urgentes no demorables y demorables a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo pliego.

   Cuando un ciudadano necesita atención urgente fuera del horario de atención de su centro de salud o en un día festivo, puede acudir a los Puntos de Atención Continuada Urgente de carácter no Hospitalario. Son centros donde se le atenderá en caso de una urgencia no vital fuera del horario laboral de los centros de salud.

    El equipo de profesionales está formado por médicos de familia, personal de enfermería y administrativos que oferta atención a enfermos agudos y crónicos según sus necesidades de salud, fuera del horario de su centro de salud. La Comunidad Valenciana tiene actualmente operativos 182 Puntos de Atención Continuada.

   Esto originará “un gran problema” al personal sanitario al tener que desplazarse debido a la amplia dispersión geográfica y a la dificultad de movilidad en los núcleos urbanos que conllevará una dificultad importante para llegar a los domicilios de los pacientes con rapidez y seguridad, lo que “causará un déficit en la atención sanitaria a los ciudadanos de nuestra población”.

     Esto, además, provocará “el aumento considerable de ausencia de los profesionales en el punto de Atención Continua que no permite optimizar los recursos humanos del Centro, que producirá demoras considerables en los tiempos de espera, que producirá colapsos en la atención sanitaria y que reducirá los tiempos dedicados a la atención a los pacientes”.