El Portavoz del Partido Popular de Elche, Claudio Guilabert, ha anunciado que “el juzgado de instrucción Nº 2 de Elche, en diligencias previas, ha citado a la concejal de Cultura, la Sra. Marga Antón, el próximo 27 de abril en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación por las exhumaciones realizadas sin contrato en el Cementerio Viejo”.
Guilabert ha recalcado que “La Sra. Antón ha sido incapaz de responder los motivos por los que no se paralizaron las obras de exhumación hasta el 21 de octubre cuando se tenía conocimiento de las irregularidades desde septiembre, incapaz de responder los motivos por los que no existía contrato, incapaz de responder por qué no se respetaron los plazos de alegaciones de interesados, o que el equipo técnico de elaboración del proyecto estuviera formado por 5 miembros de la empresa que finalmente sería la adjudicataria. Incapaz de responder sobre la coincidencia exacta del valor del proyecto que realiza la concejalía de Cultura con la propuesta que realizaría posteriormente la empresa adjudicataria. Ahora, esa falta de respuesta, esa incapacidad manifiesta de la Sra. Antón de rendir cuentas ante la oposición será investigada por la JUSTICIA”.
“En ningún momento pretendemos judicializar la vida política, pero desde el Partido Popular no vamos a ser cómplices de las continuas irregularidades que se comenten en el Ayuntamiento por parte del PSOE y Compromís. Tenemos que recordar que González ya ha sido condenado por los Tribunales por vulnerar nuestros derechos, que la Agencia Antifraude les está investigando por fraccionamiento de contratos y que ahora, la Sra. Antón, está siendo investigada por un presunto delito de prevaricación”.
“Desde el Partido Popular exigimos respuestas desde el primer momento y la actitud de PSOE y Compromís, con González a la cabeza, fue de tacharnos de irresponsables, y de querer poner la sombra sobre el gobierno municipal. Ahora, llegados a este punto solo podemos decir que los únicos que están demostrando no ser ejemplares y transparentes son ellos vulnerando presuntamente todas las normas contractuales que rigen la administración pública” ha concluido Claudio Guilabert
