Císcar exige a Vicent Marzà la retirada inmediata de decreto de plurilingüismo o que Ximo Puig cese al conseller

El Partido Popular de la Provincia de Alicante exige la “inmediata” retirada del decreto de plurilingüismo aprobado por el conseller de Educación, Vicent Marzà, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) haya aceptado el recurso de la Diputación Provincial de Alicante y suspendido de manera cautelar esta norma. El presidente del PP de Alicante, José Císcar, entiende que “si Vicent Marzà se resiste o niega”, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “deberá tomar medidas y cesarlo”. De lo contrario, el jefe del Consell “será cómplice de estas normas radicales y deberá asumir también la responsabilidad de su mantenimiento”.

Císcar se felicita de la decisión del tribunal autonómico y considera que “es un primer paso para conseguir la libertad educativa que queremos para la Comunitat”. Porque, subraya, el auto del TSJ “desmonta los argumentos de la Generalitat Valenciana” al asegurar que “un gran número de alumnos podrían ver sus derechos discriminados en relación a la acreditación de idiomas”, tal como ha mantenido el Partido Popular, porque “existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas” según los niveles elegidos. “Siempre hemos defendido que este decreto era un chantaje contra las familias ante las diferencias curriculares según la línea de escolarización elegida por los colegios y este auto nos viene a dar la razón”, indica el responsable popular.

El dirigente alicantino destaca también que los jueces del TSJ “ponen en evidencia” a la vicepresidenta, Mónica Oltra, quien aseguró que la Diputación Provincial de Alicante “no pintaba fava” en materia educativa. El texto judicial desautoriza a Oltra al afirmar que la institución provincial “también es defensora de ese interés público”. Císcar considera que “Oltra estuvo irrespetuosa contra la Diputación y el TSJ la pone en su sitio”.

Al respecto, el responsable popular agradece “la voluntad de la Diputación de proteger los intereses de los alicantinos”, algo que el propio auto pone de manifiesto al destacar que “no es frecuente que una Administración tome la iniciativa en defensa de los ciudadanos”.

         Císcar considera que “la Diputación Provincial de Alicante esperó hasta el último día para presentar el recurso ante el TSJ ante el silencio del Consell a sus llamadas al diálogo” y que “es absoluta responsabilidad de la Generalitat lo que pase ahora”.

Porque Císcar subraya los “enormes perjuicios” que va a provocar esta decisión judicial “en plena matriculación”, que se inició este martes, por no retirar el decreto antes. “Marzà hizo oídos sordos a los avisos que se le dieron para que negociase este decreto y las consecuencias las pagarán las familias otra vez”, manifiesta el responsable popular, “por lo que su irracionalidad doctrinaria provocará un caos en este proceso”.

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