El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy por unanimidad, tras una enmienda transaccional, la iniciativa del Partido Popular de la Comunitat Valenciana para instar al Consell a que presente alegaciones para que se rebaje la propuesta de caudales ecológicos del Ministerio de Transición por excesivos.
El portavoz de Agua del GPP, José Císcar, ha señalado que estos caudales ecológicos, recogidos en el documento denominado Esquema Provisional de Temas Importantes, ETI, de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo -actualmente en fase de consulta pública- “son desproporcionados y abusivos, especialmente los fijados para el tramo del río entre el embalse de Bolarque y la localidad de Aranjuez”. Císcar ha afirmado que si estos caudales entran en vigor, “constituirían un riesgo objetivo importante para la continuidad del trasvase Tajo-Segura”.
El diputado popular ha explicado que, “de salir adelante los nuevos caudales ecológicos propuestos en el ETI, es decir, propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica, la pérdida de 80 hm3 al año colocaría al regadío dependiente del trasvase en una situación agónica, con unas consecuencias nefastas”. Así, ha indicado que menos agua del trasvase conlleva “más sobreexplotación de acuíferos, más abandono de cultivos, mayor riesgo de desertización y menos suelo agrícola para actuar como sumidero de CO2 y luchar contra el Cambio Climático”.
En el acuerdo Les Corts muestran su conformidad a la presentación, por parte de la Conselleria de Agricultura de alegaciones al documento del Ministerio, cuyo periodo de consulta pública se anunció en el BOE de fecha 24 de enero 2020. Asimismo, se señala que las alegaciones que se presenten deben basarse en informes técnicos, criterios científicos y en la normativa de planificación hidrológica.
Además, Les Corts instarán también al Consell a dirigirse al Gobierno de España para poner en marcha “mecanismos económico-financiero y jurídicos que hagan asumible el uso del agua desalada para agricultura y abastecimiento en las comarcas de Alicante, y en particular para posibilitar que el precio del agua desalada para agricultura no supere los 0,33 €/m3 (IVA incluido)”. Se pide también potenciar el uso de energías renovables para las plantas desalinizadoras, “de manera que contribuyan a mitigar el cambio climático y los costes energéticos de la desalación”.
