El Partido Popular Provincia de Alicante denuncia las condiciones de insalubridad de la prisión de Fontcalent, donde empleados públicos y reclusos han sufrido una plaga de sarna, cucarachas, chinches y pulgas en unas instalaciones en situación de “abandono total”. Representantes de la Plataforma Asindical de Funcionarios de Prisiones de España ‘Tu abandono me puede matar’ se han reunido este viernes con el diputado autonómico Juan de Dios Navarro para trasladarle la realidad en la  que tienen que trabajar. Navarro recuerda que “es obligación de la Administración procurar unas condiciones dignas a unos empleados públicos que se juega el físico a diario” y critica la “desatención que sufren los funcionarios penitenciarios” por parte del Gobierno socialista.

         “No es solo problemas de antigüedad, sino que hay una patente falta de formación y un personal escaso”, asegura el diputado popular, “por lo que aumentan las agresiones tanto físicas como psicológicas a funcionarios por parte de los internos”. Navarro asegura que “los funcionarios de prisiones deben equipararse a otros colectivos de riesgo como policías nacionales o guardias civiles, por lo que el Partido Popular ya aprobó en el Senado que sean considerados agentes de la autoridad”. Con esta consideración, “cualquier agresión tendrá un castigo más severo, lo que servirá como medida coercitiva”.

Sin embargo, “las medidas no deben quedarse solo en la ley, sino que es necesario una inversión importantes que implemente medidas de seguridad al centro y dote de un personal adecuado, además de la equiparación salarial que reclaman y que es de justicia”. En el módulo de cumplimiento Alicante I Fontcalent trabajan solo 15 empleados públicos que tienen que vigilar a 783 internos, cuando la capacidad de la instalación está pensada para no más de 500 personas. El radio es de 52,2 internos por cada funcionario, lejos de los datos “manipulados”, entienden los funcionarios, por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de cuatro internos por cada funcionario. “No se entiende que haya 91 plazas vacantes”, remarca el responsable popular.

Navarro considera “una medida cosmética” la apertura de la Unidad de Madres realizada este mismo jueves por el Ministerio del Interior. “Hacen falta muchas más cosas, desde medios para trabajar a personal de prisiones, sanitario (ya que solo dos miembros se hacen cargo de todos los internos) y, por supuesto, unas condiciones mínimas de higiene para los trabajadores y también para los internos, además de unas retribuciones igualmente dignas”, insiste.

“Los funcionarios de prisiones tienen el total reconocimiento del Partido Popular, no ahora, sino desde siempre”, asegura el diputado regional, “por eso ya pedimos que se les reconozca como agentes de la autoridad y ahora vamos a pelear para que los próximos Presupuestos Generales del Estado que elaborará el Partido Popular en 2019 con Pablo Casado como presidente recojan la inversión necesaria para aumentar la seguridad y efectivos en las cárceles”. Sin embargo, apunta, “es necesario que en alguno de los decretos que aprueba Pedro Sánchez cada viernes incluya medidas urgentes para paliar la desatención actual de Fontcalent porque esto sí es urgente”.

El Partido Popular Provincia de Alicante exige explicaciones ante la reducción de becas para niños con discapacidad provocada por la bajada de 55 a 33 millones de euros de esta partida, lo que provoca que cientos de familias pierdan una ayuda con la que contaban hasta ahora. “La prioridad del Gobierno y de la Generalitat Valenciana debe ir con las personas más vulnerables, que tenían unos derechos reconocidos y que les van a desaparecer si los responsables no toman medidas urgentes”, señala la vicesecretaria de Políticas Sociales, Loreto Cascales.

         Estas becas, convocadas por el Gobierno central y que gestionan las comunidades autónomas, van dirigidas a sufragar terapias de logopedia y otros servicios para menores con problemas funcionales, además de ayudas para sillas de ruedas, entre otros productos. La última convocatoria para la gestión de estas becas es de febrero de 2018, ya con el Gobierno del PSOE, y corresponde a la Conselleria de Educación gestionarlas. “Las familias se encuentran que ahora no disponen de una ayuda que ya tenían hace muchos años sin que se haya producido un cambio en su situación económica”, asegura Cascales.

         La responsable popular de Políticas Sociales, también diputada, pedirá explicaciones tanto al Ministerio como a la propia Conselleria de Educación para saber “qué criterios siguen para otorgar o denegar estas ayudas de primera necesidad para cientos de familias de la provincia de Alicante que las necesitan”. Los populares consideran que “las familias con necesidades especiales deben estar por encima de muchas de las cuestiones que la Generalitat ahora se plantea mientras los servicios sociales no se han planteado como una prioridad”, afirma.          “La Generalitat Valenciana no puede, ni debe, quedarse callada ante una situación totalmente injusta sobrevenida por un Gobierno que no cuida de las personas más necesitadas”, reprocha Cascales, quien exige a “las consellerias de Educación y Políticas Inclusivas que se impliquen en la resolución de esta situación con los responsables de la Administración central”.